Gobierno ecuatoriano acepta ayuda de ONU ante las protestas

El Gobierno de Ecuador aceptó el martes la colaboración de Naciones Unidas para abrir un diálogo con grupos indígenas que se oponen a las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno y mantienen sitiada a la capital Quito con protestas.

Miles de manifestantes indígenas llegaron a la ciudad desde zonas andinas del centro y norte del país para presionar al mandatario a desistir de la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, que había estado vigente por décadas.

Un grupo de indígenas logró romper el cerco de las fuerzas de seguridad e ingresó brevemente a la sede de la Asamblea Nacional, antes de ser desalojado por policías y militares pacíficamente, según testigos de Reuters.

“¡Viva el pueblo!”, gritaban algunos eufóricos manifestantes en el recinto legislativo, que estaba cerrado el martes. Afuera del parlamento, la policía hizo retroceder a los indígenas con gas lacrimógeno.

Moreno declaró un estado de excepción y trasladó durante la noche del lunes las operaciones del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, donde ha habido menos disturbios.

En un comunicado, la cancillería ecuatoriana dijo que el Gobierno está dispuesto a recibir el acompañamiento de Naciones Unidas, “que favorezca el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país”.

La cancillería también denunció que los actos de violencia registrados durante las protestas han incluido saqueos, daños a bienes públicos y privados, ataques a ambulancias, el incendio de más de una decena de vehículos de la fuerza pública y el secuestro de varios de sus miembros.

Moreno junto con los jefes de otros poderes del Estado, en cadena de radio y televisión, llamaron al diálogo a los manifestantes y denunciaron la presencia de “fuerzas ajenas” que pretenden destruir el orden democrático en el país.

“Alentamos el diálogo nacional como el camino necesario para encontrar un cause común para que prime el interés nacional y la paz social”, dijeron en una resolución que fue leída por el contralor del Estado, Pablo Celi.

Desestabilización
Las protestas estallaron el jueves cuando el gobierno puso fin a los subsidios a los combustibles como parte de un paquete de reformas económicas en el marco de un acuerdo por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Grupos indígenas y campesinos han colocado barricadas en las carreteras con neumáticos en llamas, piedras y palos, mientras que la policía y militares desplegaron vehículos.

Los bloqueos de las carreteras, que se mantienen en algunos puntos, han provocado desabastecimiento de gasolina y gas de uso doméstico en seis provincias del país. La estatal Petroamazonas, por su parte, estima una pérdida de producción de 165.000 barriles por día por la paralización de tres campos petroleros.

Un portavoz de la mayor organización indígena, Conaie, aseguró que han movilizado hasta el momento a unas 5.000 personas a Quito. El centro de la capital y varios puntos de la ciudad eran un caos por la presencia de manifestantes y varios comercios cerraron sus puertas por seguridad.

Unas 570 personas han sido detenidas en las jornadas de protestas, entre ellos un asambleísta cercano al expresidente Rafael Correa, según el Gobierno. Moreno ha acusado a su predecesor de intentar un golpe de Estado con la ayuda del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

“Quieren llevar a Ecuador a Venezuela”, aseguró el secretario de la presidencia, Juan Roldán, a una radio local.

Correa dijo en una entrevista con Reuters desde Bélgica que las acusaciones son una mentira. “Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos. Dicen que soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone podría dirigir manifestaciones (…) están mintiendo”, dijo Correa mostrando su teléfono celular.

Perú junto con Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Paraguay rechazaron cualquier intento de Maduro de desestabilizar la democracia de la región y respaldaron al mandatario ecuatoriano.

Además de la eliminación de los subsidios, Moreno está aplicando recortes de personal y de salarios en el sector público y planea algunas concesiones en las áreas de petróleo, telecomunicaciones e hidroeléctricas. (I)

Fuente: Diario El Universo (EC)


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