Quito – A los ocho años de vigencia, en la Asamblea Nacional, CREO, PSC y BIN buscan la forma de derogar el impuesto verde, que se incluye en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. Para ello se presentó el proyecto con 25 firmas de respaldo.
Alianza PAIS aspira a que sea el Ejecutivo el que plantee ese cambio en un proyecto urgente, pues sostiene que el legislativo no puede reformar o derogar una ley que modifique o suprima impuestos.
Esa es la tesis del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz (AP), quien recibió la semana pasada al director del Servicio de Rentas Internas y al colectivo Fuera Impuesto Verde.
SUMA, según Héctor Muñoz, apuesta a un punto intermedio: que se haga un análisis para evitar la afectación al sector productivo, pero al mismo tiempo haya una contribución para proteger el ambiente.
Por este impuesto el Estado ha recibido desde que se implementó entre $ 95’770.182,78 el 2012, hasta $ 154’272.773,61 en el 2018. Para aplicar este impuesto el gobierno de Rafael Correa esgrimió que era desincentivar las prácticas contaminantes, bajo el principio de que quien contamina, paga.
El impuesto está dirigido a los carros que más contaminan, que son los de más alto cilindraje. La estructura tributaria proponía incentivar la compra de vehículos híbridos de bajo cilindraje. Este tributo no podía ser mayor al 40% del avalúo del automotor, y su aplicación era progresiva, y en el 2019 cada automotor debe pagar el 100%, del 40% del avalúo.
Pero según el bloque de CREO, no se tomó en cuenta que es un impuesto regresivo, a medida
que el vehículo se deteriora y se deprecia, el impuesto aumenta. Y cuestiona que se haya
exonerado a los buses de transporte público y taxis, que a su criterio son los que más
contaminan.
El bloque de CREO presentó un proyecto que pide la derogatoria del impuesto verde, por
ser confiscatorio. @fabovillamar .@eluniversocom pic.twitter.com/fhEZ6M8c95
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 24 de enero de 2019
Pablo Jerves, de Fuera Impuesto Verde, alertó que es discriminatorio y sostiene que un
estudio técnico determina que el 75% de la contaminación procede de los escapes de buses,
taxis y transporte pesado, que no pagan este impuesto; y que ese impuesto afecta a los
pequeños comerciantes que transportan los productos desde el campo a la ciudad.
El bloque de CREO recordó que esta ley no fue aprobada por el pleno, sino que entró en
vigencia vía Decreto Ley, por lo tanto se acogen al tercer inciso del art. 140 de la
Constitución, donde confiere a la Asamblea la facultad para que en cualquier tiempo pueda
modificar o derogar la Ley, cuando esta entre en vigencia vía Decreto-Ley.
César Rohón (PSC) también está convencido de que la Asamblea puede derogarlo, a través de
la Constitución, y porque esta Ley le está “sacando el jugo a los ecuatorianos”.
Fernando Burbano (IND) y Esteban Albornoz (AP), de la Comisión de Desarrollo Económico,
coinciden que la vía es el Ejecutivo, para evitar un veto, que se debe exhortar al
mandatario para trabajar juntos de manera urgente en la revisión del impuesto.
FUENTE DIARIO EL UNIVERSO (EC)