Los camaroneros y atuneros se ‘echan al dolor’. Luego de haber sido excluidos de los sectores que continuarán recibiendo el subsidio del diésel, optan por negociar con el Gobierno una compensación que, al menos, les permita mermar los impactos que podría generarle un incremento en el costo del combustible. Para este viernes prevén tener una tercera reunión con las autoridades, en la que esperan definir el mecanismo, el monto y el tiempo en que recibirían el beneficio.
José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), lideró el pasado martes la reunión que su gremio tuvo con autoridades de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas. A esa cita llegó reconociendo lo positivo que es que se haya decidido dejar fuera del alza a las cuantías domésticas, el sistema de compra al que generalmente recurren los pequeños camaroneros de hasta 40 hectáreas. No obstante, lamentó que el cupo se haya reducido. De los 2.000 galones que antes se ofrecían al mes, ahora solo se podrá acceder a 1.500, dijo.
Eso, explica, podría dejar fuera a muchos camaroneros, y con ello ampliar el número de afectados que tendrían que asumir el incremento del combustible. Por ello, y con mayor razón, será necesario definir un mecanismo que permita que la compensación llegue directo al productor, dijo.
No obstante, para llegar a ello, primero el sector aspira a que el Gobierno revise los costos de la actividad productiva y que los corrija antes de tomar cualquier decisión. “Lo ideal sería que se corrijan 10 años de distorsiones dentro de la economía antes de agregar un costo adicional”. El pago de tributos, como el ISD, el IVA, aranceles ya han hecho que el sector pierda competitividad en el mercado internacional.
El sector atunero también tuvo su espacio para dar sus observaciones. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesca (CNP), dijo que al menos se pudo comprobar que es factible adoptar un sistema que permita a los atuneros recibir notas de créditos (por la diferencia de precios que tendrá el combustible) que servirá canjearlo por futuras compras de combustible. “Vimos que legalmente eso es viable, lo que no se ha discutido aún es el monto y el tiempo para recibir este beneficio”, dijo.
Otra de las preocupaciones que se planteó estuvo relacionada al cálculo de fijación de precios que Petroecuador deberá realizar mensualmente. La consideran “poco clara y complicada” y que deja la puerta abierta a que el diésel pueda encarecerse más, en caso de que el precio del barril de crudo llegase a recuperarse en el mercado internacional.
Según el Decreto 619, el alza del diésel para ambos sectores entrará en vigencia a partir del 15 de enero próximo. No obstante, el pedido de ambos sectores es que la medida se suspenda hasta que se haya elegido un buen esquema de compensación, y comprobado su eficiencia.
“El pueblo y la empresa no deben pagar las ineficiencias”
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, criticó ayer la forma en cómo el Gobierno ejecuta la política de reducción de subsidios. A través de su enlace radial, Nebot lamentó que las autoridades estén desenfocando el verdadero objetivo. Ya no quieren suprimir solamente un subsidio, sino establecer un subsidio a favor del Estado, dijo. “Obligando a los ciudadanos y a importantes sectores productivos a pagar precios más elevados que el valor del combustible importado…¿A título de qué si un galón de diésel importado cuesta $1,90 incluyendo flete y almacenamiento, se lo quiere vender en $ 2,35?”. Eso, agregó, generará una injusta utilidad para el Estado, que será de graves consecuencias para la economía de los ecuatorianos.
Nebot enfatizó que los subsidios deben existir temporalmente cuando benefician a los pobres o cuando sirven para dar competitividad a los sectores que generan empleo y dólares.
FUENTE: DIARIO EXPRESO (EC)