Bolivia expresa disposición de continuar el diálogo con el BBVA (Bolivia)

El Gobierno está dispuesto a continuar el diálogo con el grupo financiero Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para llegar a un acuerdo sobre el traspaso de la AFP Previsión a la nueva Gestora Pública. El consorcio español ya inició el proceso arbitral.

El proceso solicitado por el grupo financiero BBVA, el 1 de agosto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), no dificulta las negociaciones entre las partes. “En todo caso, ello no obsta (impide) la posibilidad de que las partes continúen todavía conversando”, sostuvo el procurador General, Pablo Menacho, en la conferencia de prensa que dio el lunes junto al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén.

Este medio se comunicó ayer con la Procuraduría General del Estado (PGE) para ahondar sobre este punto, pero en esa entidad se informó que la autoridad tenía otros asuntos que atender, pero que se remite a las declaraciones que dio en la conferencia de prensa del lunes, en la que se explicó las decisiones que asumirá el Gobierno ante el proceso interpuesto por el grupo financiero español.

El lunes, el Ejecutivo anunció que asumirá la defensa legal del Estado ante el proceso arbitral iniciado por el BBVA por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de los trabajadores que son gestionados por la AFP BBVA Previsión y que pasarán a la Gestora Pública a partir de marzo de 2019.

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“El Estado boliviano va a contratar los servicios de los estudios jurídicos internacionales, va a contratar los servicios especializados que sean necesarios para defendernos de la mejor manera”, anunció Menacho el lunes.

Debido a que Bolivia decidió retirarse el 3 de noviembre de 2007 del CIADI, que depende del Banco Mundial (BM), BBVA solicitó que la controversia se resuelva mediante la utilización del Mecanismo Complementario, como establece el “Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, del 29 de octubre de 2001, entre el Reino de España y la República de Bolivia. Este acuerdo fue ratificado por la Ley 2360, del 7 de mayo de 2002, durante el mandato del entonces presidente Jorge Quiroga.

FUENTE: DIARIO LA RAZÓN (BO)


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