A corto plazo, acelerar la inmunización contra el covid-19 puede salvar de la muerte a la población. Pero a largo plazo, solo la inversión y políticas para retener en el sistema, mejorar el acceso y la calidad de la educación permitirán al Ecuador combatir la pobreza y dar el salto económico.
Cuatro consultados coinciden en que enrumbar al país en ese camino es el gran desafío de Guillermo Lasso, presidente electo. Mucho más en la pandemia, que ha aumentado los obstáculos para los estudiantes.
Antes de la emergencia, 50% de los alumnos desarrollaba los aprendizajes mínimos que son indispensables, apunta Harvey Sánchez, consejero técnico de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la Unesco.
Citando el informe sobre costos y respuestas al impacto de la pandemia en el sector educativo, del Banco Mundial, Sánchez dice que se espera una disminución drástica: 31% alcanzará los aprendizajes mínimos.
El Ministerio de Educación aún no tiene datos sobre abandono escolar a causa de las clases no presenciales. Pero Unicef ha adelantado que 2% de matriculados ya no está estudiando. Y otro 15% no se conecta.
Inmunizar a más ecuatorianos, una de las ofertas de Lasso, podría incidir en el retorno a las aulas. Hasta el próximo fin de semana, el Ministerio de Salud espera llegar al 100% de docentes con primeras dosis. Eso les brinda 30% de inmunidad.
La nueva ministra, María Brown, deberá -opinó su antecesora, Monserrat Creamer– enfocarse en un diagnóstico de la afectación en cuanto a los aprendizajes. Admitió que pesará en la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Una evaluación censal estará a cargo del Banco Mundial y del Ineval. Para Sánchez hay que moverse rápido. En su país, México, al que asesora también, impulsó los Pulsos del Aprendizaje.
Eso les permite monitorear periódicamente cuánto aprenden. Y saber que la cuarta parte de sus alumnos tiene menos expectativas sobre el nivel de estudios que alcanzará.
Por eso, afirma que el equipo de Lasso debe trabajar en garantizar el retorno de los ‘expulsados’ del sistema en la pandemia y antes, con mecanismos diferenciales, que incluyan microplanificación, según el territorio. Y ajustar el currículo, ofreciendo motivaciones a las familias.
Fernando Sempértegui, médico y rector de la U. Central, reitera que la educación debe ser prioridad del Gobierno. Recuerda que será crucial para el desarrollo económico empezar desde la formación inicial a la universitaria. Le preocupa que se tome a la ligera la promesa de libre ingreso, con la que no está de acuerdo, porque
el hacinamiento no garantiza la calidad. Las ‘U’ han sufrido recortes, igual la educación media, en este régimen.
Los cupos de ‘U’ públicas y cofinanciadas -detalla- permiten que 61% de bachilleres acceda a las carreras. Un 39% se queda fuera. Aconseja diversificar la oferta en línea, pero antes masificar el acceso a Internet. Y ayudar a las emblemáticas, Yachay, Ikiam y de Educación, para que incrementen el número de cupos.
Lasso le ha pedido reunirse con la Academia a Alejandro Ribadeneira, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), cuyo trabajó reformulará, más ya no suprimirá.
Entrevistado, Lasso ha rectificado, no eliminará a esa institución “sino al requisito del estudiante de pasar por la Senescyt para ingresar a la universidad. Que ingresen directo”. Cada año, 290 000 bachilleres se gradúan y solo hay 90 000 cupos, repite Lasso. Y dice que le preocupan los jóvenes ‘ninis’, que ni trabajan ni estudian.
Según el Banco Mundial, en el largo plazo la pandemia podría incrementar la proporción de ‘ninis’ entre 18 y 23 años (jóvenes que ni trabajan ni estudian) en un 42%.
Erick Barba, presidente de la FEUE, tiene una cita pactada, el 2 de junio, con la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para hablar sobre la reforma a la Ley Universitaria.
Desde el 2012, en Ecuador hay un examen de acceso a cupos. El sistema de admisión lo administra la Senescyt, pero los espacios dependen de la oferta de las universidades. Y no es su única tarea, dentro de su gasto permanente está la administración de institutos y el manejo de las becas, pues se suprimió el IFTH en el 2020.
Desde la Asociación de Becarios (Abrec), su vicepresidenta, Maite Galarza, señala que el Gobierno saliente los deja con al menos tres problemas. El primero, dice, los retrasos sistemáticos en los desembolsos de las becas por hasta más de un año. Otro, la no liquidación de becas de hasta hace 10 años atrás; y un reciente anuncio de preliquidación, que implica que no recibirán más apoyo.
Silvia Salgado, exlegisladora, anota que según la Constitución, la Senescyt es un organismo técnico de articulación, por ejemplo con el sector productivo y la academia.
Fuente: EL COMERCIO (EC)