La UE exigirá a las big tech como Facebook y Amazon que asuman una mayor responsabilidad en la vigilancia de Internet. La amenaza, multas de hasta el 6% de su facturación, según un proyecto de reglamento que se publicará la próxima semana y al que ha tenido acceso el diario Financial Times. La UE se encuentra inmersa en un proceso de revisión de las reglas de Internet en más de 20 años. Esta revisión abordará desde el nivel de responsabilidad que las plataformas respecto al contenido ilegal hasta cómo frenar su creciente poder de mercado.

Según este documento, las grandes empresas de tecnología tendrán que investigar a los proveedores externos como los vendedores que venden productos en Amazon, y compartir datos con las autoridades e investigadores sobre cómo moderan el contenido ilegal, según el documento confidencial.

Las grandes plataformas, además, tendrán que asegurar una mayor transparencia en los anuncios, y hacer saber a los usuarios “de manera clara e inequívoca y en tiempo real” que están viendo un anuncio. Los consumidores también tendrán que saber quién está detrás del anuncio y recibir “información significativa sobre los principales parámetros utilizados para determinar” por qué se les ha dirigido.

Los organismos reguladores de Bruselas definen como “plataformas de gran tamaño” a las que tienen más de 45 millones de usuarios, es decir, el equivalente al 10% de la población del bloque. El plan se dirige a esas empresas debido a su “influencia desproporcionada” en los usuarios de Internet en la UE.

“Estas plataformas de gran tamaño tienen ahora un papel sistémico en la amplificación y configuración de los flujos de información en línea y para la mayor parte de los ciudadanos de la UE”, dice el proyecto de reglamento. Según el borrador, estas empresas, sobre todo estadounidenses, tendrán que nombrar “uno o más” oficiales de cumplimiento para asegurarse de que se atengan a las nuevas normas de la Ley de Servicios Digitales.

El documento reveló que el incumplimiento de las normas conllevará multas de hasta el 6% de su volumen de negocios total en el año fiscal anterior. La cuantía de las multas dependerá de la gravedad de las infracciones, del tiempo que lleven produciéndose y de si se repiten.

Lucha contra las tecnológicas

La danesa Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, está siendo muy activa contra la actividad de las grandes tecnológicas de EE UU. La Comisión Europea mantiene abiertas dos investigaciones contra la compañía de Jeff Bezos. La primera es por aprovechar en beneficio propio los datos confidenciales de los minoristas que venden en su plataforma. La otra, por cómo la compañía elige al ganador de la Buy Box, el recuadro de compra que permite agregar artículos de un minorista directamente a su carrito de la compra. Aparecer en él puede marcar la diferencia entre vender cinco unidades o 500 de un producto en un solo día. En 2017, la Comisión Europea obligó a Amazon a devolver 250 millones a las arcas públicas de Luxemburgo por haberse beneficiado de un pacto fiscal en condiciones favorables —los llamados tax rulings— que le permitió eximir del fisco el 75% de sus ganancias en Europa entre mayo de 2006 y junio de 2014, y del que no disfrutaron sus competidores.

En el caso de Google, la Comisión Europea inició una investigación por su servicio de búsqueda de empleo, después de que 23 sitios web competidores se quejaran de que Google consigue usuarios para su plataforma sin incurrir en los gastos de sus rivales para posicionarse en su buscador. La Comisión también está revisando la compra de la firma tecnológica de servicios deportivos Fitbit.

Entre 2017 y 2019, la compañía ha ido a multa por año, con un total acumulado de unos 8.284 millones. La última fue en marzo del año pasado, 1.490 millones por “abusar de su posición dominante” en el mercado publicitario online durante diez años mediante su plataforma Google AdSense. Antes, en 2017, recibió una sanción de 2.450 millones de euros por aprovechar su posición dominante en el mercado de búsquedas por Internet para copar también el sector de comparadores de productos. Y solo un año después volvía a ser penalizada con 4.340 millones después de que Competencia concluyera que imponía restricciones a los fabricantes de Android.

FUENTE: EL PAÍS (EC)