Pablo Tinajero retiró este lunes 18 de noviembre del 2019 los libros y adornos personales de las repisas y del escritorio. Puso los objetos en cajas de cartón, los llevó a su vehículo y se retiró del edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Él y otros 22 jueces no pasaron la evaluación del Consejo de la Judicatura (CJ) y tuvieron que dejar los despachos
Mientras empacaba dijo que hubo “predeterminación” para que no continúe en el cargo. “Me sacan por retrasos injustificados (no haber despachado a tiempo las sentencias). Yo no era el juez ponente en los casos (analizados). Soy uno de los jueces más productivos”.
Los pasillos en la Corte lucieron con menos movimiento en comparación con otros días.
Secretarios y asistentes judiciales atendían a los usuarios, mientras los despachos de los magistrados reprobados estaban cerrados. “Ahora hay un conjuez encargado”. “Vendrá en la tarde”. Esas fueron las respuestas que dieron los servidores cuando se les preguntaba por los magistrados.
Según los funcionarios, la mayoría de autoridades que no superaron la prueba ya se llevó los objetos personales la semana pasada. Solo unos pocos lo hicieron este lunes 18 de noviembre.
Las 23 vacantes que quedaron en el alto Tribunal serán ocupadas por jueces de las cortes provinciales, que llegarán a la Corte Nacional como conjueces temporales y regresarán a sus puestos cuando los definitivos sean nombrados. Ese proceso tomará 15 días.
Mientras aquello se concreta, la Judicatura asegura que se reorganizarán los despachos de la CNJ para que los 13 jueces y conjueces que se quedaron evacúen las causas pendientes.
Para ello, la tarde de ayer la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; y la de la CNJ, Paulina Aguirre, mantuvieron una reunión.
Actualmente, unos 7 000 procesos están distribuidos en diferentes Salas. 2 000 en lo Penal, 700 en lo Civil. “Un mayor número en lo Laboral y 40 causas anuales en Familia”.
Para seleccionar al personal provisional, la Dirección Nacional de Talento Humano del CJ revisará los perfiles de los aspirantes. Luego vendrá la selección como tal.
Los juristas que deseen ir provisionalmente a la Corte deben cumplir requisitos, como el haber ejercido con probidad notoria la profesión durante 10 años en la docencia, en el libre ejercicio profesional o en la Judicatura.
También se priorizará a quienes tengan título de tercer nivel, cinco años de experiencia como juez de cortes provinciales o de los tribunales Contencioso, Administrativo y Tributario. Además, se tomará en cuenta el haber obtenido al menos 80 sobre 100 puntos en las cuatro últimas evaluaciones y no haber registrado dos sanciones leves o una grave en un mismo año.
Una vez escogido al personal, la idea también es conformar Tribunales y Salas fijas, para no acudir al sorteo cuando ingresa una causa. Según Maldonado, ese también es uno de los factores para que existan audiencias fallidas.
El sorteo es un mecanismo implementado en el 2013 y permite crear o modificar aleatoriamente un Tribunal con los jueces que pertenezcan a cada una de las salas especializadas.
Estos detalles los dieron a conocer los vocales de la Judicatura, en una intervención que comenzó a las 08:30. Luego abandonaron el edificio y se dirigieron a otro que se encuentra a dos cuadras. Allí funciona la Corte Constitucional.
En ese lugar, a las 09:30 comenzó la audiencia por la demanda de inconstitucionalidad que los jueces evaluados presentaron contra el proceso. Siete de quienes reprobaron estuvieron dentro de la Sala de Audiencias. La diligencia duró cerca de tres horas. Al salir, la exjueza Rosa Merchán manifestó que espera un proceso jurídico transparente por parte de los magistrados constitucionales, para que la evaluación y todos sus efectos sean declarados inconstitucionales.
Rafael Oyarte, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, señaló que la Judicatura no hizo la evaluación sino un Comité. Añadió que se revisaron las decisiones de los jueces en los fallos, lo que a su criterio era prohibido. “Los jueces no tuvieron derecho a una segunda evaluación, como dice la Ley”. Por último, apuntó a una supuesta falta de imparcialidad.
Este recurso legal fue admitido a trámite el 23 de octubre pasado. En ese entonces, ya se dijo que esa decisión no suspende el proceso de evaluación que estaba en marcha.

FUENTE: EL COMERCIO (EC)