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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) aplicará el diferimiento de las cuotas a créditos que no pudieron ser pagados durante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Esto lo dio a conocer en una entrevista el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, el último miércoles.
«El Biess también va a tener que utilizar el mecanismo de diferimiento de pago a todas las personas que han recibido créditos hipotecarios, quirografarios, etcétera», manifestó en Ecuavisa.
De acuerdo a información de Diario El Comercio, en la resolución 603 se estableció que los pagos que no se realizaron entre marzo y junio se trasladen al final de la tabla del crédito.
La disposición sexta de la Ley Humanitaria señala que el directorio del Biess «emitirá las resoluciones o ejecutará las acciones necesarias que permitan garantizar la suspensión y refinanciación de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios que mantienen los afiliados, jubilados y beneficiarios de montepío a la seguridad social, basadas en los informes técnicos que garanticen la solvencia y liquidez de los fondos correspondientes».
Además que por solicitud del afiliado, jubilado o beneficiario de montepío, que perdió el empleo durante la crisis sanitaria o tenga una reducción de su capacidad de pago, «se establecerá la suspensión del cobro del préstamo hipotecario y se establecerán los mecanismos de refinanciamiento correspondientes, que se podrá realizar por única vez por el tiempo de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Esta suspensión de pago de cuotas no generará intereses o multas».
Hasta el momento la entidad no ha difundido el proceso para acceder a este proceso. Sin embargo, el pasado 4 de julio, a través de redes sociales, le indicaron a un beneficiario de crédito hipotecario que puede solicitar el refinanciamiento a través del solucionesdepago@biess.fin.ec si los ingresos disminuyeron. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una ciudad necesita tener una ambulancia por cada 25.000 habitantes. Bajo esta norma, Quito debería contar con 103 ambulancias; sin embargo, tiene 20. A nivel nacional pasa lo mismo: hay 443, cuando lo óptimo serían 680. Esto quiere decir que en el país hay un déficit del 34,8% y en la capital del 80,58%.
Por la emergencia sanitaria, el ECU-911 puede recurrir a ambulancias del sistema de salud privado o de instituciones que no trabajan de la mano con el sistema de salud, como la Policía Nacional.
Según el Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud de 2018, del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), las ambulancias de todas las instituciones del país, entre públicas y privadas, suman 808.
“El déficit dificulta la pronta atención, más aún durante una emergencia sanitaria”, dice Santiago Carrasco, presidente de la Federación Ecuatoriana de la Salud, quien critica que la corrupción en los diferentes regímenes ha impactado negativamente en la adquisición de insumos “básicos para la estructura del sistema sanitario”.
Articulación institucional
Cuando un ciudadano tiene una emergencia y, de ser el caso, necesita una ambulancia llama al ECU-911.
El director de la entidad, Juan Zapata, aclara que la función del organismo es responder a la llamada y articular hacia la entidad competente. En el caso del envío de ambulancias se trabaja con el Ministerio de Salud (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Cruz Roja y los Bomberos.
“El responsable del recurso es la institución articulada (…). La institución no es dueña ni de los patrulleros ni de las ambulancias”, resalta Zapata.
Varía la disponibilidad
Zapata señala que el número de ambulancias es “un tema dinámico que varía cada día” y destaca que hay algunas unidades que, debido al Covid-19, no pueden operar porque su personal está contagiado y debe ser reemplazado.
El funcionario indicó que de las 20 ambulancias que se registran como operativas, ocho pertenecen al MSP; aunque señaló que es preferible que sean las mismas instituciones las que den el detalle.
Al ser consultado, el Cuerpo de Bomberos dijo que tienen 10 ambulancias, la Cruz Roja cuenta con cuatro (tres que trabajan las 24 horas y una que labora 12). El IESS fue consultado, pero hasta el cierre de esta edición no dio el detalle.
Diariamente cada institución comunica al ECU-911 cuál es la disponibilidad de los vehículos.
Tres etapas
Según la norma internacional, un minuto y medio debe demorarse el operador para recoger una ficha y articular una emergencia. El tiempo de respuesta depende de diversos factores, como el tráfico o las distancias. “No es lo mismo un tiempo de respuesta en Riobamba que un tiempo de respuesta en Quito”, asegura Zapata.
El director menciona que el protocolo de articulación consta de tres momentos. El primero es recibir la llamada y tomar los datos. El segundo es recibir la emergencia y el tercero es despachar el recurso.
La competencia del ECU-911 corresponde a la primera fase. Por lo que el tiempo que tarde en llegar una ambulancia depende de las instituciones competentes.
Zapata resalta que la ambulancia puede demorar, pero siempre llega. “Quien decide que un caso, por un tema médico necesita una ambulancia, es la red de salud”.
El manejo de este protocolo fue consultado al IESS y al MSP; sin que obtengamos respuesta.
Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señala que los protocolos internacionales refieren que la ambulancia no debe tardar más de 30 minutos. “Pero no es así porque no tenemos condiciones, cada quién patea por su lado, cada quién se lanza la pelotita porque en el sistema no están claros ni los roles ni los protocolos”. Las directrices, recalca Carrasco, las tiene que establecer el MSP.
Unidades hospitalarias
El doctor Patricio Gavilánez, economista de la salud, indica que el déficit no es el único problema. Aunque no da un número, indica que la mayoría de ambulancias son de traslado, “que no son efectivas en el caso del Covid-19 o pacientes que están graves”.
Lo que requiere el país, añade, son ambulancias de tipo hospitalario, es decir, que cuenten con los equipos de una unidad de terapia intensiva.
Gavilánez, quien hace unos meses formó parte del MSP, indica que la institución desde antes de la pandemia tenía un déficit de al menos 18 unidades. En estos momentos, explica el galeno, adquirirlas es complejo por la demanda mundial que existe.
Carrasco detalla que el sistema de salud público ‘tambalea’, porque ninguna administración ha hecho caso a las asociaciones médicas, de abastecerse con el número necesario de insumos. “La emergencia sanitaria disparó una necesidad que lleva años sin solventarse”, agrega. (AVV)
“Quien decide que un caso, por un tema médico necesita una ambulancia, es la red de salud”. Juan Zapata, director ECU-911.
“Cada quién patea por su lado, cada quién se lanza la pelotita porque en el sistema no están claros ni los roles ni los protocolos”. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Ecuatoriana de la Salud
FUENTE: LA HORA
Para la Unión Europea, la pandemia de COVID-19 no llegó solo con un replanteamiento filosófico sobre el desarrollo económico, sino con la decisión de acelerar la transición hacia una supuesta sostenibilidad alimentaria.
El eje de esta propuesta, parte del Pacto Verde Europeo, se llama ‘De la granja a la mesa’ y busca reducir el desgaste del suelo, la emisión de gases y el daño a los océanos a través de una serie de regulaciones, planteadas a diez años, que se debatirán en septiembre.
Estas incluyen la reducción del 50% del uso de pesticidas químicos, el 20 % de fertilizantes, el 50 % de antimicrobiales en cultivos acuícolas y un aumento del uso de suelo para la labranza de frutas y verduras orgánicas. También plantea la eliminación de empaques plásticos y la colocación obligatoria de información nutricional que incluya datos como el impacto climático de cada producto.
De aprobarse, la normativa no solo regirá para la Unión Europea, sino para las importaciones, lo que genera preocupación a los exportadores locales.
Así lo indicó Francisco Miranda, director de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializados del Ecuador (Anecacao), quien explicó que, mientras que la producción cacaotera del país cuenta con un uso limitado de agroquímicos, hay dudas sobre lo que estas regulaciones implicarán para el costo de los cultivos. “El problema principal que vemos es que estas regulaciones también deben venir con un alza de precios para darle flexibilidad al agricultor para buscar soluciones. Sino es solo una imposición más que aumenta los costos a la producción agrícola”, dijo.
Este agregó que, en cuanto al uso de pesticidas, se debe tomar en cuenta épocas riesgosas como el fenómeno de El Niño o temporadas en las que aparecen plagas como la escoba de bruja. “Es necesario que el sector esté involucrado en la conversación que plantee el Estado porque somos los que conocemos las necesidades”, señaló.
Para la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el país cuenta con una ventaja en caso de que se aprueben las regulaciones: la incursión que ya se ha realizado en el manejo de pesticidas en el país. “Los productos exportables ya cuentan con altos estándares de exigencia internacional en esta materia”, reflexionó Felipe Ribadeneira, presidente del directorio del organismo.
Aun así, este agregó que Fedexpor se encuentra revisando las implicaciones técnicas y de plazos antes de emitir un pronunciamiento oficial. “Vamos a ser muy cautelosos en asegurar que se preserve y valore nuestro esfuerzo productivo para impulsar más el acceso de nuestros productos al mercado europeo”, subrayó.
Desde la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE, las exportaciones del país han ido en aumento. El año pasado, Ecuador exportó $ 3.108 millones en 612 productos, acorde a datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca.
Un 16,12 % de estas exportaciones correspondió al banano, otro sector que también tiene dudas sobre la propuesta ‘De la granja a la mesa’.
“En esta época (verano) se exporta más, pero a menor precio”, señaló el exportador José Núñez. “Para nosotros, en cambio, los costos aumentan por el tema del cuidado de la sigatoka negra y la producción baja. ¿Cómo se verá este escenario en el tema de precios con nuevas regulaciones?”, dijo.
Aun así los expertos recomiendan que, mientras el debate inicia en la UE, los exportadores se planteen los cambios propuestos. “Hay una tendencia hacia lo orgánico y eso exige una serie de retos para los productores(…) Ya no se podrá hacer negocios solo por cuestiones económicas, sino que se tendrá que considerar la sostenibilidad”, estableció Nicola del Valle, consultor de Asuntos Europeos para la agencia Atrevia.
Productores españoles piden garantías
Las dudas no solo provienen de Latinoamérica, sino desde la propia Unión Europea. El mes pasado, tres organizaciones agrarias españolas visibilizaron sus quejas contra la propuesta de la Comisión Económica.
La Federación de Asociaciones Agrarias Jóvenes Agricultores calificó la propuesta como “una grave amenaza” a la producción local e indicó que no se ha considerado el aumento en los costes ni la necesidad de reforzar el presupuesto. El gremio, al igual que los miembros de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos , también solicitaron que las normas y estándares se apliquen en la misma medida a las importaciones agrarias.
FUENTE: EL EXPRESO