Quito – El Gobierno reconoce que el proceso de ajuste que vivirá en los próximos años el país para lograr equilibrar la economía tendrá dos soportes importantes: “la racionalización de las operaciones del Gobierno, pero también requerirá de un esfuerzo de la ciudadanía”.

Dicho esfuerzo se podría ver reflejado en la reducción de la masa salarial del sector público, una ampliación de impuestos indirectos (IVA es un clásico ejemplo de tributo indirecto), actualización de tarifas por servicios al ciudadano en entidades públicas, y otros.

Así consta en el texto de la Carta de Intención entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la Secretaría de Comunicación (Secom) liberó ayer. El documento y otros textos relacionados están disponibles en el sitio web del Ministerio de Finanzas.

Esta misiva, de 18 páginas y que contiene 26 puntos, fue entregada por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la gerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, a Christine Lagarde, directora-gerenta del FM, el 1 de marzo.

La Carta de Intención expone una serie de compromisos que se asumen por parte del Gobierno para garantizar una administración prudente de los dineros que se reciben tanto del FMI como de los multilaterales. En total son $ 10.200 millones en tres años.

Una de las principales medidas es la reducción del déficit primario no petrolero del sector público no financiero, incluyendo subsidios a los combustibles, en 5% del PIB durante los próximos 3 años.

Así, entre los pilares del ajuste menciona una cuidadosa reducción de la masa salarial. Para ello, dice que solo se renovará uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y se buscará armonizar salarios de los empleados públicos con los del sector privado. Y confirma que se actualizarán tarifas por servicios al ciudadano en entes públicos.

Costos de combustibles

En cuanto a los subsidios a combustibles, se buscará la normalización de los precios del diésel industrial. También se prevé la monetización de activos, que no es otra cosa que la concesión de la administración de ciertos activos o empresas del Estado al sector privado, pero cuya propiedad seguirá siendo pública.

Según el texto, gradualmente se eliminaría el “distorsionante” impuesto a la salida de divisas (ISD), una vez que haya estabilidad macroeconómica y se hayan fortalecido las reservas.

El compromiso con el FMI pasa también por hacer una serie de reformas estructurales que tienen que ver con fortalecimiento de la dolarización y el Banco Central.

Pese a las medidas, en un documento publicado en su web, el FMI espera una caída en el crecimiento del país en 2019 de -0,5% del PIB. Aunque la cifra podía llegar, en un escenario positivo, a 0,5% del PIB.

En las previsiones se ve también un incremento del desempleo que pasaría del 3,7% en 2018 a 4,7% en 2020.

También se liberaron documentos del Artículo IV en los cuales se revela una situación compleja que no se origina en el 2018, sino que se arrastra hace varios años. (I)

Algunas acciones que tomará el Gobierno Para reducir el déficit primario no petrolero en cinco puntos del PIB se definieron estas acciones: reajuste de la masa salarial del sector público, optimizar el sistema de subsidios a los combustibles, una reforma al sistema tributario y una reducción del gasto público de capital y bienes.

Sobre los combustibles, señala que se hará la “normalización” de los precios del diésel de uso industrial para reducir las “distorsiones”.
El Gobierno enviará a la Asamblea proyectos de reformas a varias leyes: el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en junio de este año; a las que rigen el funcionamiento del Banco Central del Ecuador, a fines de mayo; una reforma tributaria, a fines de octubre; y una reforma laboral, sin fecha. Además, una Ley Anticorrupción, a finales de septiembre.

Una parte de los ahorros e ingresos que se generen por las medidas económicas se destinarán al plan Toda Una Vida, que tiene componentes de salud, educación, vivienda y atención de grupos vulnerables.

El régimen anuncia que se trabaja con organismos internacionales para extender la cobertura y elevar el nivel de beneficios del Bono de Desarrollo Humano; así como aumentar el gasto en el bono Joaquín Gallegos para personas discapacitadas y ancianos.

También asegura que transparentará las cifras macrofiscales, los estados financieros del Banco Central, y de las empresas del Estado, entre ellas las petroleras.

400 millones de dólares

Es el incremento previsto en el gasto social para el 2019, según cifras del Fondo Monetario.

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO (EC)