Más de 200 parlamentarios de 80 países iniciaron en Madrid una cumbre mundial con el objetivo de promover la lucha contra el hambre y otras formas de malnutrición.
En el acto de inauguración, celebrada en el Senado de España y de dos días de duración, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a crear esa alianza con vistas a integrar el derecho a la alimentación en la legislación de cada país.

Se trata, dijo, de una oportunidad de afrontar el desafío del hambre desde un enfoque «multilateral» y poner en marcha medidas que ayuden a erradicar este problema para 2030, como fija la agenda de desarrollo sostenible.

«Está en sus manos hacer que la utopía de lo inalcanzable se convierta en una realidad factible en la próxima década», señaló, dirigiéndose a los diputados y senadores.

El socialista Sánchez resaltó los avances logrados en América Latina, donde los frentes parlamentarios contra el hambre han impulsado más de veinte leyes a favor del derecho a una alimentación adecuada.

La primera cumbre mundial de estas características ha sido organizada por las Cortes Generales de España, el Frente parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El presidente del Senado español, Pío García-Escudero, expresó el interés de que la cita suponga un «gran paso» hacia la conformación de una alianza mundial y mostró el compromiso «incondicional» de España en hacer efectivo el derecho a la alimentación con la colaboración de todos los poderes públicos y la sociedad civil.

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, que mantuvo un encuentro previo con Sánchez, insistió en que los parlamentarios son responsables de «impulsar la voluntad política» que permita realizar ese derecho.

Advirtió de que tan importante como luchar contra el hambre, que sufren 821 millones de personas, es combatir el sobrepeso y la obesidad, problemas que afectan a más de 2.000 millones a nivel global.

Da Silva destacó la labor de los frentes negociando en los parlamentos, compartiendo experiencias y dando coherencia a las legislaciones, unos esfuerzos que, en declaraciones posteriores a la prensa, instó a dirigir más hacia África y Asia.

Actualmente existen más de 30 alianzas parlamentarias contra el hambre en el mundo, incluidas cuatro internacionales y 34 nacionales, como la creada recientemente en España o los 19 frentes de América Latina y el Caribe.

La presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Gabriela Cuevas, aseguró en su discurso que la seguridad alimentaria y la nutrición son «asuntos públicos» que no deben dejarse en manos del mercado y abogó por asignarles presupuestos adecuados.

También consideró necesario dar incentivos a la industria, exigir rendición de cuentas a los gobiernos y promover desde el poder legislativo las mejores prácticas.

La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, hizo un repaso sobre la inseguridad alimentaria en el mundo, que padecen seriamente 52 países y que está relacionada con los conflictos, los desastres naturales asociados al cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

«Sin acceso al agua y la tierra es casi imposible implementar el derecho a la alimentación a nivel local», aseveró Elver, que recomendó a los países eliminar la pobreza rural, un buen sistema judicial que evalúe las acciones, apoyar a los pequeños productores y contar con la participación de las mujeres y demás actores.

El debate posterior estuvo marcado por la polémica entre el senador chileno Guido Girardi, impulsor de una ley en su país -muy criticada por las multinacionales- que impone un sello negro y restricciones a la comida basura, y el presidente de la Alianza contra el hambre del Parlamento Europeo, Paolo De Castro.

Este último puso en duda la efectividad de las etiquetas frente a la obesidad y optó en su lugar por mejorar la educación de los consumidores.

Girardi, por su parte, reivindicó que la prohibición de publicitar los productos con ese sello busca que la industria los sustituya por otros saludables e hizo hincapié en que «los alimentos no pueden ser la principal causa de enfermedades del siglo XXI».

FUENTE: DIARIO EL ESPECTADOR (CO)