La mañana de este viernes llegó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, al edificio principal en Quito del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) para colocarse el dispositivo electrónico ordenado por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado ocurrido en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19, por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

El alcalde capitalino se acercó a cumplir la medida cautelar una vez el juez Jhaya confirmó al Snai, en una carta miércoles último, que la medidas que no solo debía cumplir Yunda, sino también la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán, y otras dos personas más eran no solo la presentación periódica, la prohibición de salida del país, sino también el uso del conocido como grillete electrónico.

La tarde del jueves último funcionarios del Snai esperaban que el alcalde quiteño se acerque para la colocación, cosa que no sucedió. El abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, explicó que una vez sean oficialmente notificados para acercarse ellos cumplirán con la medida cautelar. Esa notificación, al menos hasta las 17:30 de ayer, no había llegado a la defensa de Yunda.

Pero antes de las 08:00 de este viernes, Yunda se acercó hasta las oficinas del Snai y se colocó el dispositivo en su pierna derecha. En un video grabado por el mismo alcalde y subido en su cuenta personal de Twitter él señala: “Hola vecinas y vecinos. En mi vida he recibido muchos galardones, muchos premios, medallas, preseas, pero esta es especial, esta significa haber salvado 50.000 vidas. En el proceso demostraremos toda nuestra inocencia”.

El alcalde Yunda aclaró que seguirá en su cargo y aclaró a quien quiera su puesto que primero debe ganar las elecciones

Además en el documento enviado por el juez Jhaya al Snai se hace conocer que está vigente la orden de prisión preventiva contra la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; Jéssica C., encargada de compras públicas; y el excoordinador jurídico, Marco R. Los siete fueron vinculados el martes último a la instrucción fiscal por el delito de peculado en el que ya habían siete procesados, entre ellos, el exsecretario de Salud del Municipio de Quito. Lenín Mantilla.

La teoría expuesta por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, señala que las pruebas PCR para la detección de Covid-19 entregadas por la empresa Salumed S.A., a finales de abril pasado, a la Secretaría de Salud del Municipio de Quito no eran las constantes en el objeto del contrato, pero aún así fueron validadas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.

FUENTE: EL COMERCIO (EC)